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SEGURIDAD, DEFENSA Y DESARROLLO DE BOLIVIA Y EL MUNDO.
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Gobierno
analiza posible adenda al contrato con SABSA para especificar montos de
inversión
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La
Paz, 30 ene (ABI).- El viceministro de Transportes, Edwin Marañón, informó el
miércoles que se analiza la firma de una adenda al contrato con la empresa de
Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), filial del grupo español
Abertis-Airports, para especificar montos de inversión que esa firma debe
realizar en el mantenimiento y ampliación de las terminales aéreas del país.
Marañón explicó que el contrato actual entre el Estado boliviano y SABSA, no especifica montos de inversión para mejorar las condiciones de los aeropuertos en el eje troncal del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). 'En el contrato actual, no existe un monto determinado, cuánto tiene que invertir SABSA anualmente, simplemente te indica de que tienen que estar los aeropuertos operativos, lo que se está trabajando, (es) una complementariedad a ese contrato. Estamos analizando hasta el momento que se queden, cuanto tendrían que invertir', indicó a los medios. El Viceministro de Transportes aclaró que la firma de una posible adenda al contrato con SABSA, 'lógicamente' tendría la aprobación de esa empresa, que tiene capitales españoles. El Ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, afirmó el 15 de enero que SABSA no cumplió con su plan de inversiones, pese a que tiene la capacidad de inyectar más recursos en mejorar la condición de los aeropuertos del país. mcr/ ma ABI |
29 de enero de 2013 | Sociedad
ANUNCIAN QUEJA DE CHILE A BOLIVIA POR IRREGULAR
TRÁNSITO DE CAMIONES
El Ministerio de Transportes de Chile presentará un “reclamo formal” ante
su similar boliviano por el “fuerte” incremento de camiones provenientes de
Bolivia que no cumplen con las normas de seguridad o no cuentan con los
permisos para circular por las carreteras chilenas.
Redacción central, 29 Ene. (ANF).- El Ministerio de
Transportes de Chile anunció que presentará una queja formal ante su similar de
Bolivia por el tránsito irregular de camiones bolivianos en su territorio,
reportó este martes el periódico El Mercurio de Chile.
De
acuerdo a la nota, hay vehículos que no cuentan con los permisos necesarios
para realizar viajes internacionales o exhiben documentación adulterada, otros
evidencian problemas técnicos y no disponen de rótulos que indican que
trasladan mercaderías peligrosas o inflamables y, también, por tener algunos
los neumáticos gastados, estar sin luces o con fallas en su tacómetro o sus
espejos.
Por
estas razones, consigna la nota periodística, el Ministerio de Transportes de
Chile presentará un “reclamo formal” ante su similar boliviano por el “fuerte”
incremento de camiones de ese país que no cumplen con las normas de seguridad o
no cuentan con los permisos para circular por las carreteras chilenas.
El
Secretario Regional Ministerial de Transportes de Arica, José Emilio Guzmán,
señaló que su cartera dio a conocer a la Cancillería chilena de los
procedimientos realizados, el número de vehículos controlados y aquellos que
fueron infraccionados.
Guzmán
precisó que, una vez concluidas las fiscalizaciones de enero, se entregará a
las autoridades bolivianas del transporte una presentación detallada con las
razones por las que se impidió el ingreso al país a decenas de camiones y las
faltas que significaron que otros recibieran multas. Un 24 por ciento del total
de vehículos inspeccionados cometió algún tipo de transgresión.
El
Mercurio señala además que hasta el 20 de enero, 358 camiones bolivianos fueron
sometidos a control, tanto en el límite fronterizo como en la ruta hacia la
comuna altiplánica de Putre. De ellos, 87 recibieron sanciones y en un 70 por
ciento de los casos se les impidió el ingreso a Chile.
///rhc///
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1-G
ABI: MINISTERIO DE DEFENSA-COMUNICADO
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Gobierno
asume la defensa de militares detenidos en Chile
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La
Paz, 30 ene (ABI).- El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó que un
alto oficial abogado del Ejército de Bolivia se constituyó a la ciudad de
Iquique a objeto de organizar la defensa legal de los tres dragoneantes que
se encuentran en prisión preventiva en el Centro de Reclusión de Alto
Hospicio.
Según un boletín institucional, la autoridad no descartó la posibilidad de contratar abogados internacionalistas para asumir la defensa de los efectivos militares que fueron detenidos en circunstancias en que realizaban un operativo contra el contrabando de vehículos indocumentados procedentes del vecino país que habían ingresado a Bolivia en forma ilegal. Recordó que en el marco de las competencias asignadas a las Fuerzas Armadas, una Patrulla Militar interceptó siete vehículos que habían ingresado al territorio nacional, logrando detener a dos motorizados, mientras los otros se dieron a la fuga internándose en territorio chileno, no sin antes dejar abandonado un vehículo que presentó desperfectos mecánicos en el paso fronterizo. Dicho vehículo quedó bajo resguardo militar de los tres dragoneantes momentos en que carabineros de la vecina República de Chile los detuvo por denuncia de las propias organizaciones delincuenciales chilenas. 'El Oficial del Ejército realizará las primeras diligencias para conocer la situación en la que se encuentran los soldados y se evaluará la contratación de expertos en derecho internacional penal para que defiendan a nuestros soldados', precisó la autoridad. Recalcó que el Estado boliviano realizará todas las gestiones que correspondan para liberar a los efectivos militares que se encuentran bajo bandera boliviana, ya que en cumplimiento de su deber fueron detenidos. Los dragoneantes del Ejército de Bolivia, Alex Choque Quispe, Augusto Cárdenas García y José Luis Fernández Choque, fueron imputados por porte de armas de guerra, 'la lucha contra los delitos transnacionales requiere de elementos disuasivos y eficaces', señaló el Ministro de Defensa. Aclaró que las Fuerzas Armadas de cualquier Estado están facultadas a portar armamento de uso militar porque su misión fundamental es la Seguridad y Defensa del Estado. Además la normativa internacional establece que militares y policías pueden utilizar la fuerza y armas de fuego, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera la lucha contra la delincuencia. 'El estado boliviano está empeñado en luchar contra el contrabando, porque es una actividad ilícita que afecta a todos los países de la región y lo menos que esperamos es que los países vecinos puedan cooperar con esta lucha y no hacerse los desentendidos', precisó la autoridad. El Ministro de Estado lamentó que el Fiscal asignado al caso se haya basado como elemento de prueba las declaraciones de un contrabandista chileno que admite haber intentado ingresar ilegalmente vehículos a Bolivia. 'Acusan a nuestros soldados de portar armas, pero no dicen nada de las actividades ilícitas que desarrollaban los supuestos testigos, que no son otra cosa que organizaciones criminales cometiendo delitos transnacionales', agregó Saavedra. Red Central/ ABI |
Hasta ayer la defensa
estuvo a cargo de la Defensa Pública de Iquique
Gobierno envía abogado para defender a soldados en Chile
DEFENSA Se trata de un alto oficial del Ejército que organiza la
defensa de los dragoneantes detenidos hace 5 días. No se descarta contratar
abogados internacionalistas.
Miguel A. Melendres / La Paz - 31/01/2013
Después de
que abogados del Estado chileno asumieron durante los primeros días la defensa
de los tres soldados bolivianos detenidos en Chile, el Gobierno boliviano envió
a un alto oficial abogado del Ejército de Bolivia para que alegue en favor de
los conscriptos.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, mediante un comunicado público, también no descartó la posibilidad de contratar abogados internacionalistas para fortalecer la defensa.
“El oficial del Ejército realizará las primeras diligencias para conocer la situación en la que se encuentran los soldados y se evaluará la contratación de expertos en derecho internacional penal para que defiendan a nuestros soldados”, dijo.
Hace seis días, una patrulla militar interceptó siete vehículos que estaban ingresando a territorio nacional desde territorio chileno y logró detener a un motorizado, mientras los otros se dieron a la fuga internándose al vecino país.
Según la versión del Gobierno, dicho vehículo quedó bajo resguardo militar de los dragoneantes Álex Choque Quispe, Augusto Cárdenas García y José Luis Fernández Choque, momentos en que los carabineros chilenos los detuvieron por denuncia de las propias organizaciones delincuenciales chilenas.
La justicia en ese país los imputó dos días después, por portar un arma de guerra, un fusil FAL calibre 7.62 mm.
El ministro Saavedra dijo que el Estado boliviano realizará todas las gestiones para liberar a los efectivos militares que se encuentran bajo bandera boliviana, ya que en cumplimiento de su deber fueron detenidos.
Precisó que las Fuerzas Armadas de cualquier Estado están facultadas a portar armamento de uso militar porque su misión fundamental es la seguridad y defensa del Estado.
Hasta ayer, la Defensoría Penal Pública de Iquique se había encargado de representar a los tres soldados bolivianos. El abogado Sergio Zentero estuvo a cargo de Choque Quispe y Cárdenas García, mientras que Carolina Arancibia defendió a Fernández, quien llevaba consigo el fusil que causó la detención.
La audiencia para establecer si la Fiscalía llevará a juicio a los soldados fue fijada para 13 de febrero.
Saavedra lamentó que la Fiscalía chilena haya basado como prueba las declaraciones de un contrabandista chileno que admite haber intentado ingresar ilegalmente vehículos a Bolivia.
El director regional de Gendarmería, José Urrutia, afirmó que los detenidos están en un módulo especial para ellos, considerando la calidad de soldados. “Se encuentran bajo un régimen distinto al resto de la población penal”, dijo a Terra Chile.
Según el diario la Estrella de Iquique, la abogada Carolina Arancibia anunció que presentará un recurso legal para que se revisen las medidas cautelares.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, mediante un comunicado público, también no descartó la posibilidad de contratar abogados internacionalistas para fortalecer la defensa.
“El oficial del Ejército realizará las primeras diligencias para conocer la situación en la que se encuentran los soldados y se evaluará la contratación de expertos en derecho internacional penal para que defiendan a nuestros soldados”, dijo.
Hace seis días, una patrulla militar interceptó siete vehículos que estaban ingresando a territorio nacional desde territorio chileno y logró detener a un motorizado, mientras los otros se dieron a la fuga internándose al vecino país.
Según la versión del Gobierno, dicho vehículo quedó bajo resguardo militar de los dragoneantes Álex Choque Quispe, Augusto Cárdenas García y José Luis Fernández Choque, momentos en que los carabineros chilenos los detuvieron por denuncia de las propias organizaciones delincuenciales chilenas.
La justicia en ese país los imputó dos días después, por portar un arma de guerra, un fusil FAL calibre 7.62 mm.
El ministro Saavedra dijo que el Estado boliviano realizará todas las gestiones para liberar a los efectivos militares que se encuentran bajo bandera boliviana, ya que en cumplimiento de su deber fueron detenidos.
Precisó que las Fuerzas Armadas de cualquier Estado están facultadas a portar armamento de uso militar porque su misión fundamental es la seguridad y defensa del Estado.
Hasta ayer, la Defensoría Penal Pública de Iquique se había encargado de representar a los tres soldados bolivianos. El abogado Sergio Zentero estuvo a cargo de Choque Quispe y Cárdenas García, mientras que Carolina Arancibia defendió a Fernández, quien llevaba consigo el fusil que causó la detención.
La audiencia para establecer si la Fiscalía llevará a juicio a los soldados fue fijada para 13 de febrero.
Saavedra lamentó que la Fiscalía chilena haya basado como prueba las declaraciones de un contrabandista chileno que admite haber intentado ingresar ilegalmente vehículos a Bolivia.
El director regional de Gendarmería, José Urrutia, afirmó que los detenidos están en un módulo especial para ellos, considerando la calidad de soldados. “Se encuentran bajo un régimen distinto al resto de la población penal”, dijo a Terra Chile.
Según el diario la Estrella de Iquique, la abogada Carolina Arancibia anunció que presentará un recurso legal para que se revisen las medidas cautelares.
Demanda contra Evo
Morales en La Haya no procede
Miércoles, Enero 30,
2013 - 19:06
La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya no
contempla las denuncias de personas particulares, sólo los Estados pueden ser
parte para iniciar una demanda, según el Artículo 34 del Estatuto de Roma de la
Corte.
Por tanto, la denuncia interpuesta por la diputada
Norma Piérola de Convergencia Nacional (CN), por más que haya sido recibida en
la Secretaría de la Corte no puede proceder.
“De conformidad con el Artículo 34 del Estatuto,
sólo los Estados podrán ser partes en casos en casos contenciosos ante la
Corte, y por lo tanto, presentarle casos”, dice el informe de la Corte Penal
Internacional (CPI).
La oficina Fiscal de la CPI confirmó hoy la recepción
de los documentos de la diputada de CN, y que actuarían de acuerdo al Estatuto
de Roma.
Cronología
El 25 de enero, la Diputada de CN, Norma Piérola, deja
en la Secretaría de la CPI los documentos que supuestamente involucran al
Presidente de Bolivia, Evo Morales, con la violación de derechos humanos desde
sus asunción al poder en 2005.
Sin embargo, no se conoce los delitos exactos por los
que acusa al primer mandatario, por lo que el diputado del Movimiento Al
Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, lo calificó de un “show mediático para dañar la
imagen del Presidente.
El 28 de enero, el jefe de la bancada de CN, Adrian
Oliva, aclaró que la diputada Piérola actuó de forma particular y no en
representación de su partido y aseguró que le pedirán un informe a su regreso.
El mismo día, El embajador de Bolivia ante la
Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pari, desde su cuenta oficial
en la red social de twitter aseguró que la supuesta demanda contra el
Presidente Morales ante La Haya es una falacia debido a que su visita fue en
condición de turista y sólo dejó algún documento.
Hoy, la CPI confirmó la recepción de los documentos
que dejó la diputada Piérola. En la carta de comprobante de la recepción indica
claramente que la CPI actuará de acuerdo al Estatuto de Roma.
Estatuto de Roma
El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de
la CPI. Cuenta con 128 artículos e indica quiénes son los únicos que pueden
apelar ante esta entidad en el Artículo 34 —Parte IV de la Composición y
administración de la Corte—, el cual no contempla excepciones.
“En consecuencia, la Corte no podrá considerar
controversias entre un Estado y una organización internacional, ni entre dos
organización internacionales, ni podrá ocuparse de las numerosas solicitaciones
orales o escritas que recibe la Secretaría remitidas por entidades privadas
(por ejemplo, empresas u organizaciones no gubernamentales) o de particulares,
por meritorias o conmovedoras que sean”, indica en el Estatuto.
Dávila: No se dará a Chile ‘ni agua’ sin antes
resolver conflicto
/
Bolivia
no concederá a Chile “ni una partícula de gas, ni siquiera de agua” mientras no
presente una solución al diferendo marítimo. Ésa es la posición que adoptó el
gobierno de Evo Morales en medio de la “tensa” relación que mantiene con la
administración de Sebastián Piñera.
“No
vamos a renunciar y no vamos a tener integración con Chile ni proyectos con
Chile, no vamos a dar absolutamente ni una partícula de gas, ni siquiera de
agua, absolutamente no, entretanto no se resuelva este problema (marítimo), esa
fue la situación”, manifestó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, en
conferencia de prensa en Cochabamba.
La
autoridad reconoció que Bolivia y Chile atraviesan el peor momento desde que
Morales asumió la presidencia. Expresó, además, sus críticas ante el Gobierno
chileno por “tergiversar” las palabras del Jefe de Estado, en la cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), al adjudicarle el
ofrecimiento a Chile de “gas por mar”.
Y
fue ante esa posición que asumió Chile que Dávila recordó que después del
discurso de Morales “varios” presidentes se acercaron a él para felicitarle por
su disertación ante el pleno. Remarcó que Morales planteó a Chile que después
de resolver el tema marítimo se podría hablar de “compartir” el gas boliviano.
Dávila ratificó la idea presidencial, a la que añadió ahora el agua: que
Bolivia no compartirá recursos mientras no haya una solución al tema marítimo.
En
2004, el entonces presidente Carlos Mesa había dicho algo similar; advirtió en
ese entonces que Bolivia no dará “ni una sola molécula de gas” a Chile mientras
no entregue una salida soberana al mar. El exmandatario recordó que en esa época
tampoco se planteó “gas por mar”, sino que el elemento del gas no estaba
totalmente relacionado con el
reclamo.
Silala.
La Ministra de Comunicación incorporó a la frase de Mesa “ni una sola molécula
(...) de agua” a Chile. Chile se afana las aguas del manantial Silala, que nace
en Bolivia y que hace más de 100 años su curso fue desviado artificialmente por
el vecino país.
Las
autoridades chilenas insisten en que el Silala es un río internacional. Bolivia
y Chile lograron en octubre de 2009 un preacuerdo sobre este diferendo, por el
cual el Gobierno chileno asumió el compromiso de pagar por el 50% del uso del
recurso hídrico hasta que un estudio resuelva la propiedad del restante
porcentaje. Sin embargo, la Gobernación de Potosí anunció el desarrollo de una
serie de proyectos de aprovechamiento del recurso. Tiene previsto cortar el
curso de las aguas en un 50%.
El
senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eduardo Maldonado planteó que la
“totalidad” de las aguas deben ser cortadas mientras no exista solución a la
demanda marítima. Dávila, además, se refirió a los tres militares
bolivianos detenidos en Chile: “Nos han comunicado que la audiencia se
realizará recién el 13 de febrero y esto nos hace notar que se trata de una
represalia por las declaraciones del presidente Morales”.
‘Seguiremos
majaderos’
Acusación
La
vocera del Gobierno chileno, Cecilia Pérez, llamó a Evo Morales “majadero” por
realzar el tema marítimo en Santiago. Amanda Dávila respondió que “seguiremos
siendo majaderos” en buscade soluciones.
Abogado
fue a Chile para defender a militares
Ya
se encuentra en Iquique, Chile, un abogado boliviano para defender a los tres
militares detenidos en Colchane, quienes fueron capturados poco después de
haber ingresado en territorio chileno para capturar a contrabandistas de
vehículos. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa no descarta
contratar a abogados internacionalistas para defender a los soldados, quienes
serán condecorados por el presidente Evo Morales cuando retornen a Bolivia.
“Un
alto oficial abogado del Ejército de Bolivia se constituyó a la ciudad de
Iquique a objeto de organizar la defensa legal de los tres dragoneantes que se
encuentran en prisión preventiva en el Centro de Reclusión de Alto Hospicio”,
dice parte del comunicado.
Según
el diario La Estrella de Iquique, Carolina Arancibia, abogada pública del
soldado José Luis Fernández, quien fue capturado por carabineros chilenos con
un fusil, buscará la libertad o por lo menos la revisión de las medidas
cautelares del militar. Los otros dos soldados, Álex Choque y Augusto
Cárdenas, tienen otro abogado público. La ministra Amanda Dávila espera
que el proceso contra los tres militares acabe el 13 de febrero.
Chile utilizó la presión militar y económica
para imponer tratado
Pol�tica
ATAQUE
“El país quedó obstruido hacia el Pacífico. Sin industrias, ni escuelas,
ferrocarriles, ni carreteras”.
Redacción central / Cambio
El tratado es resultado de una guerra de agresión contra Bolivia con claros objetivos de conquista territorial.
Chile envió a Bolivia a su embajador Abraham Köning, quien de manera directa dio un ultimátum al Gobierno boliviano para acelerar la firma del documento.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció que los tratados son perfectibles, mucho más cuando fueron impuestos con presión militar y económica de un Estado a otro Estado.
Eso fue lo que pasó con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que coronó las aspiraciones de Chile, que el 14 de febrero de 1879 promovió la invasión al territorio boliviano y se apropió de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, 400 kilómetros de costa, puertos y otros, y dejó sin una salida al mar a Bolivia en la denominada Guerra del Pacífico, en la que además participó Perú.
El presidente Piñera, en la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), indicó: “Por supuesto que los tratados se pueden perfeccionar, de hecho, nosotros perfeccionamos el Tratado de 1904 el año 1907”.
“No obstante, este Jefe de Estado omitió deliberadamente hechos vergonzosos en torno a la suscripción del Tratado de 1904”, indicó el director ejecutivo de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa Ponce, quien enmarcó esta postura a un afán de “intentar justificar desesperadamente el histórico y sistemático incumplimiento del Tratado de 1904”.
Por ejemplo, omitió el hecho de que “este instrumento es el resultado de una guerra de agresión contra Bolivia con claros objetivos de conquista territorial, empleó las acciones más viles y reprochables para acelerar la suscripción del Tratado de 1904, propuso a Perú la conquista militar y división de Bolivia en tres zonas que se repartirían entre Chile, Perú y Brasil, excluyéndose a la Argentina de toda participación. Chile envió a Bolivia a su embajador Abraham Köning, quien de manera directa dio un ultimátum al Gobierno boliviano para acelerar la firma de un tratado”, apuntó Lanchipa, según un boletín de Diremar.
Así también, la firma del Tratado de 1904 no sólo fue el fruto de la violencia militar, sino también de violencia económica, como lo dijera el escritor y diplomático boliviano Daniel Sánchez Bustamante: “El país quedó obstruido hacia el Pacífico. Sin industrias, ni escuelas, ferrocarriles, ni carreteras (…) Tenía Bolivia con el Pacto de Tregua todos los elementos adecuados para morir”, recordó.
Chávez: ir a la demanda
Víctor Hugo Chávez, constitucionalista e investigador de la causa marítima, autor de una estrategia para llevar a Chile a La Haya y recuperar el mar para Bolivia, consideró pertinente denunciar el tratado porque éste, además de haber sido impuesto, viola los preceptos de la Constitución Política del Estado (CPE).
Desde su apreciación, el tratado vulnera al menos tres disposiciones de la Carta Magna: el artículo 255 y el artículo 267, que señala que “el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”, además de la disposición transitoria novena que señala que el Gobierno debe renegociar o, en su caso, denunciar los tratados que contradigan la Constitución Política del Estado.
“La Ley del 4 de febrero de 1905, que ratifica el tratado, es absolutamente contraria a la Constitución”, señaló al apuntar que por eso “el año 2011 me he permitido presentar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a las bancadas de oficialismo y de oposición el proyecto de memorial para que se demande en el Tribunal Constitucional Plurinacional la opción de declarar la inconstitucionalidad de la ley que ratifica el Tratado de 1904, que vulnera la Constitución”.
Bolivia ha ratificado a través del presidente del Estado, Evo Morales, los incumplimientos en los que ha incurrido Chile sobre el Tratado de 1904, al igual que este documento fue consecuencia de posiciones de fuerza que le restan valor y legitimidad.
La estrategia marítima de Bolivia ha seguido caminos de paz en el marco de la Carta Magna.
“La Ley del 4 de febrero de 1905, que ratifica el Tratado, es absolutamente contraria a la Constitución.
Víctor Hugo Chávez
Constitucionalista
Ex canciller de Pinochet y Bolivia
El constitucionalista e investigador de la causa marítima Víctor Hugo Chávez reveló ayer que gobiernos precedentes al del presidente Evo Morales siempre se opusieron a ir a una demanda internacional por el mar.
Uno de los casos que le llamó la atención fue el de la administración del presidente Carlos Mesa (2003-2004), a quien se le presentó el proyecto de demanda, pero hubo un rechazo tajante del entonces canciller Juan Ignacio Siles. Pero esto tenía su razón.
“Investigando quién era Juan Ignacio Siles del Valle, nos enteramos que es sobrino de Jaime del Valle, y ¿quién es Jaime del Valle?, nada más y nada menos que era el canciller del entonces dictador Augusto Pinochet (1973-1990); estaba directamente vinculado a las familias bolivianas Siles Salinas, y Juan Ignacio Siles del Valle pasa a ser ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Mesa”, indicó.
Redacción central / Cambio
El tratado es resultado de una guerra de agresión contra Bolivia con claros objetivos de conquista territorial.
Chile envió a Bolivia a su embajador Abraham Köning, quien de manera directa dio un ultimátum al Gobierno boliviano para acelerar la firma del documento.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció que los tratados son perfectibles, mucho más cuando fueron impuestos con presión militar y económica de un Estado a otro Estado.
Eso fue lo que pasó con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que coronó las aspiraciones de Chile, que el 14 de febrero de 1879 promovió la invasión al territorio boliviano y se apropió de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, 400 kilómetros de costa, puertos y otros, y dejó sin una salida al mar a Bolivia en la denominada Guerra del Pacífico, en la que además participó Perú.
El presidente Piñera, en la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), indicó: “Por supuesto que los tratados se pueden perfeccionar, de hecho, nosotros perfeccionamos el Tratado de 1904 el año 1907”.
“No obstante, este Jefe de Estado omitió deliberadamente hechos vergonzosos en torno a la suscripción del Tratado de 1904”, indicó el director ejecutivo de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa Ponce, quien enmarcó esta postura a un afán de “intentar justificar desesperadamente el histórico y sistemático incumplimiento del Tratado de 1904”.
Por ejemplo, omitió el hecho de que “este instrumento es el resultado de una guerra de agresión contra Bolivia con claros objetivos de conquista territorial, empleó las acciones más viles y reprochables para acelerar la suscripción del Tratado de 1904, propuso a Perú la conquista militar y división de Bolivia en tres zonas que se repartirían entre Chile, Perú y Brasil, excluyéndose a la Argentina de toda participación. Chile envió a Bolivia a su embajador Abraham Köning, quien de manera directa dio un ultimátum al Gobierno boliviano para acelerar la firma de un tratado”, apuntó Lanchipa, según un boletín de Diremar.
Así también, la firma del Tratado de 1904 no sólo fue el fruto de la violencia militar, sino también de violencia económica, como lo dijera el escritor y diplomático boliviano Daniel Sánchez Bustamante: “El país quedó obstruido hacia el Pacífico. Sin industrias, ni escuelas, ferrocarriles, ni carreteras (…) Tenía Bolivia con el Pacto de Tregua todos los elementos adecuados para morir”, recordó.
Chávez: ir a la demanda
Víctor Hugo Chávez, constitucionalista e investigador de la causa marítima, autor de una estrategia para llevar a Chile a La Haya y recuperar el mar para Bolivia, consideró pertinente denunciar el tratado porque éste, además de haber sido impuesto, viola los preceptos de la Constitución Política del Estado (CPE).
Desde su apreciación, el tratado vulnera al menos tres disposiciones de la Carta Magna: el artículo 255 y el artículo 267, que señala que “el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”, además de la disposición transitoria novena que señala que el Gobierno debe renegociar o, en su caso, denunciar los tratados que contradigan la Constitución Política del Estado.
“La Ley del 4 de febrero de 1905, que ratifica el tratado, es absolutamente contraria a la Constitución”, señaló al apuntar que por eso “el año 2011 me he permitido presentar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y a las bancadas de oficialismo y de oposición el proyecto de memorial para que se demande en el Tribunal Constitucional Plurinacional la opción de declarar la inconstitucionalidad de la ley que ratifica el Tratado de 1904, que vulnera la Constitución”.
Bolivia ha ratificado a través del presidente del Estado, Evo Morales, los incumplimientos en los que ha incurrido Chile sobre el Tratado de 1904, al igual que este documento fue consecuencia de posiciones de fuerza que le restan valor y legitimidad.
La estrategia marítima de Bolivia ha seguido caminos de paz en el marco de la Carta Magna.
“La Ley del 4 de febrero de 1905, que ratifica el Tratado, es absolutamente contraria a la Constitución.
Víctor Hugo Chávez
Constitucionalista
Ex canciller de Pinochet y Bolivia
El constitucionalista e investigador de la causa marítima Víctor Hugo Chávez reveló ayer que gobiernos precedentes al del presidente Evo Morales siempre se opusieron a ir a una demanda internacional por el mar.
Uno de los casos que le llamó la atención fue el de la administración del presidente Carlos Mesa (2003-2004), a quien se le presentó el proyecto de demanda, pero hubo un rechazo tajante del entonces canciller Juan Ignacio Siles. Pero esto tenía su razón.
“Investigando quién era Juan Ignacio Siles del Valle, nos enteramos que es sobrino de Jaime del Valle, y ¿quién es Jaime del Valle?, nada más y nada menos que era el canciller del entonces dictador Augusto Pinochet (1973-1990); estaba directamente vinculado a las familias bolivianas Siles Salinas, y Juan Ignacio Siles del Valle pasa a ser ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Mesa”, indicó.
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